LA FINANCIACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

Por Francisco de las Marinas Alférez (*)

Está generalmente aceptado que la prestación sanitaria universal provoca problemas graves de financiación al Estado, por su alto coste. También resulta evidente, que la Administración Pública se ha de preocupar de buscar el sistema adecuado para resolver el problema, pues, en otro caso, la situación puede llevarnos a la quiebra económica, que pondría en peligro la prestación del servicio sanitario. El alto coste lo viene ocasionando el haber mejorado y modernizado los servicios sanitarios, pero también en gran medida, el uso y abuso en la utilización de los actos médicos y el despilfarro o derroche de los medicamentos. A la hora de diagnosticar la solución del problema, se utiliza mucha demagogia barata, y así hemos visto publicado, que el banquero jubilado D. Emilio Botín, podría obtener una receta gratuita, y un trabajador parado, tendría que aportar el 40 % del coste de los medicamentos que recibe.
Esta demagogia se desmonta con facilidad, si se repara que al aplicar el sistema de financiación mediante impuestos directos, lo que no paga el Sr. Botín en la Farmacia, lo aportará con creces al pagar los impuestos directos que le correspondan, en relación con sus ingresos (sin trampa ni cartón); impuestos que, naturalmente, no pagará el parado.
Estamos de acuerdo que las espaldas del Estado, aunque son muy anchas, no pueden soportar todo lo que le echemos encima, pero también es cierto que la solidaridad solo resulta justa, si se aplica la equidad, y hasta ahora, no se ha demostrado que exista otro sistemas más equitativo, para la distribución de la riqueza, que la aplicación de los impuesto directos, con lo que siempre paga más, el que más tiene.
Se afirma, en cuanto al denominado copago, o participación del usuario de forma directa en el pago del servicio o del medicamento, que tiene como finalidad el evitar el abuso o derroche, puesto que toda participación, aunque sea pequeña, predispone a no utilizar la asistencia sanitaria sino resulta imprescindible.
Ello coloca al usuario en una situación difícil y kafkiana. Y a continuación nos podemos preguntar ¿Si el enfermo no dispone de dinero para pagar la prestación del servicio sanitario, se le presta o se le niega? A veces se olvida que no corresponde al enfermo demandar el servicio sino al facultativo que lo atiende, por lo que éste resulta una pieza importante que debe intervenir en la solución del problema, dotándole de los instrumentos adecuados para que ejerza su responsabilidad.
Por otra parte, ¿ que se ha de entender por rentas más altas?. Las pensiones de los jubilados con pensión máxima, que como es sabido, está topada, o las de aquellos, que perciben la pensión mínima, (algunos no han querido cotizar para más), y disponen de importante patrimonio, o lo que es peor, lo han pasado a sus herederos. Habrá que presentar la declaración de la Renta, para cada acto asistencial.
Por último, no hay que olvidar que los jubilados actuales hemos cotizado durante toda la vida para disponer de una Sanidad gratuita, y ahora cuando necesitan su uso no se nos puede imponer una carga adicional. La realidad es que se trata de un asunto de Estado, que debe sacarse de la lucha partidaria, que ha de estudiarse con serenidad y altura de miras, firmándose un Pacto de Estado, todas las fuerzas políticas, parecido al de Toledo, para encontrar la solución adecuada.

(*) Presidente de FOMCOVA