Ponencias de la Mesa Redonda sobre Discriminaciones Económicas,
del VII Congreso de Organizaciones de Mayores

VII CONGRESO DE ORGANIZACIONES DE MAYORES MESA REDONDA sobre Discriminación económica Reivindicaciones Coordinador Mesa Redonda: Francisco de las Marinas Alférez PREAMBULO Aunque parece obvio, se ha de afirmar previamente, que las distintas Ponencias recogidas en esta MESA REDONDA, comprenden reivindicaciones económicas de los Pensionistas, en general, en donde tienen especial significado, y naturalmente absoluta prioridad en su tratamiento, las que corresponden a las pensiones mínimas, a las de viudedad y a las del SOVI, que por su escasa cuantía y ser de estricta justicia, se ha de abordar la solución promovida y prometida, de forma inmediata y urgente, como se ha proclamado en diversas y reiteradas comunicaciones de la casi totalidad de las Asociaciones de Mayores, entre las que también se encuentra CEOMA, que quedaron plasmadas en las conclusiones de anteriores Congresos Nacionales de Organizaciones de Mayores, y que se han de reiterar en este VII Congreso. Las Personas Mayores tienen derecho a percibir una pensión, equivalente al salario mínimo interprofesional, módulo establecido como el mínimo indispensable, para atender a la subsistencia. Todos estamos de acuerdo en esta afirmación, pero se hace necesario que cristalice en una norma legal, que determine su puesta en vigor. También se ha reivindicado en los IV, V y VI Congresos de Organizaciones de Mayores, que las pensiones de Viudedad del cónyuge supértite, han de alcanzar al menos el 75% de la pensión del causante, cuya petición determinó la resolución del Estado sobre la actualizando dichas pensiones con incrementos anuales superiores hasta alcanzar dicha cuantía. La compatibilidad de las pensiones del SOVI parece que ya ha convertido en realidad, aunque resulta justo, que estas pensiones se eleven a la cuantía del salario mínimo interprofesional. Después de hecha esta manifestación, que comparten todos los miembros de la MESA, se ha de señalar que las Ponencias desarrolladas, tienen como objetivo dar a conocer la opinión de los Pensionistas de economía media, que también tienen derecho a expresar las carencias y necesidades que reivindican, dentro del mundo de las Personas Mayores, para que puedan ser tenidas en cuenta por las instituciones públicas, sin pretender, en ningún momento, que ello pueda menoscabar los derechos de las Personas Mayores, menos favorecidas.

VII CONGRESO DE ORGANIZACIONES DE MAYORES MESA REDONDA sobre Discriminación económica Reivindicaciones PONENCIA A).- PERDIDA PODER ADQUISITIVO PENSIONESPonente: Francisco Ivars Company Coordinador Mesa Redonda: Francisco de las Marinas Alférez ANTECEDENTES El sistema de jubilaciones hoy en día en España, se encuentra enmarcado en un macro-proyecto que todos conocemos como el Pacto de Toledo. Este Pacto, es la conclusión a que se llegó en un debate parlamentario que en el año 1995 se llevó a cabo en la ciudad de Toledo por los cinco partidos que formaban el Parlamento español y que estuvieron discutiendo en comisión sobre el futuro de la Seguridad Social y su financiación. Se trata de un informe que analiza los problemas estructurales y que orienta a una serie de reformas que garanticen el futuro del sistema. Hay que reconocer lo que de positivo tiene el ponerse de acuerdo en ver la manera de mantener el Sistema de la Seguridad Social y el compromiso de todos ellos de realizar las reformas necesarias para incrementar su eficacia. Concluye el informe con 15 recomendaciones, entre ellas la que "Debe garantizarse el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización automática de las mismas, en función del Indice de Precios al Consumo". CONSIDERACIONES Como sabemos, esta recomendación mantiene en expectación al gran colectivo de jubilados principalmente por dos motivos: el tope de pensión máxima y la aplicación del IPC. Tope máximo.- Con la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de 1983 quedó limitada a 187.000 pts. la cantidad que se podía recibir como pensión. Esta cantidad ha ido actualizándose hasta alcanzar los 2.159,12 Euros. Un elevado número de jubilados entienden este tope discriminatorio y perjudicial a sus intereses, por cuanto la aplicación del principio de solidaridad base del citado tope, no tiene porqué afectar en exclusiva a las personas que han tenido que soportar mayores cotizaciones. Consideran discriminatorio que su pensión esté bloqueada por este tope, ya que de realizarse el cálculo como a la mayoría de jubilados su pensión sería mayor, en cuanto su cotización ha sido para obtener una pensión de mas cuantía. De todos modos existen fórmulas que permiten las adaptaciones oportunas para que estas medidas no repercutan en perjuicio de otro colectivo. En cuanto a la aplicación del IPC ¿qué criterios deben de tenerse en cuenta a la hora de la revalorización automática de las pensiones? ¿Vamos a perder poder adquisitivo? Como casi siempre este criterio lleva a la confusión. Se puede creer que un aumento según el IPC y el mantenimiento del poder adquisitivo son lo mismo. Pero no tiene por qué ser así. El IPC es una media. Calcula qué porcentaje de sus ingresos gasta el individuo medio en cada producto, artículo o servicio. Pero cada uno consume de distinta forma. Aplicar un IPC adaptado a las características personales de cada uno, es imposible. Por ello se opta por aplicar la media, y como siempre unos ganan y otros pierden. Según un estudio realizado por el Servicio de Estudios LA CAIXA en el 2000, la distribución del gasto del pensionista, pese a que se piense lo contrario, no difiere mucho de la que realizan el resto de personas en lo que a porcentaje de su presupuesto se refiere. De dicho estudio, podemos sacar las siguientes conclusiones: a) La parte de la pensión que un jubilado dedica a su manutención alimenticia (36%) es superior al que dedica el resto de familias españolas (25%). Ello se debe a que cuando los ingresos son inferiores, se destina una parte proporcional mayor a los bienes de primera necesidad. El disminuir este gasto resulta muy difícil. No se trata de que coman o beban más que el resto, simplemente que al disponer de recursos limitados dedican menos dinero a otros gastos superfluos y se les va más en adquirir alimentos. A menos ingresos mayor es la partida para alimentos. b) En vestido menaje y otros gastos, el porcentaje (18%) es similar al de otros hogares, siendo superior en las zonas urbanas a las rurales. c) Otro dato que se desprende de dicho estudio es que cuando el jubilado reside en pequeñas localidades, el gasto en comida es mayor. La razón es porque la pensión que se percibe suele ser inferior en zonas rurales y por lo dicho anteriormente el importe para alimentación se mantiene, pero crece la proporción de dinero destinado a tal fin. d) Otra partida especial en el presupuesto de los pensionistas es la que aparece en la ECPF como "vivienda" que le asigna un 12% de su gasto. Aunque este porcentaje parezca elevado, no lo es. El desembolso que realiza un pensionista bajo el epígrafe de "vivienda", incluye el gasto en alquiler, calefacción y mantenimiento de su residencia. Su coste es el mismo que al resto de mortales y no se tiene el porqué reducir su calidad de disfrute por el hecho de pasar a ser pensionista. El mantenimiento de la casa nada tiene que ver con la edad del jubilado. Como hemos visto los gasto que soporta el jubilado en determinados "grupos" que componen el IPC es el mismo que el resto de personas. Es más, la tendencia es que aumente el consumo de determinados alimentos específicos a medida que aumenta la edad. Además, (nadie nos puede convencer de lo contrario) desde la implantación del EURO en el año 2001, nuestro poder adquisitivo ha disminuido. Con independencia de esta sensación "palpable" podemos reforzarla si observamos el incremento del IPC publicado por el INE en los años que lleva implantado el EURO y los grupos cuya incidencia del gasto de los pensionistas es mayor (Ejm. :alimentación)   2001/02 2002/03 2003/04 GENERAL 3,1 3,7 2,3 Alimentación y bebida no alcoholicas 4,4 4,9 4,0 Bebidas alcohólicas y tabacos 3,6 4,8 2,8 Vestido y calzado 6,1 2,8 0,9 Vivienda 2,4 2,9 2,8 Menaje 1,8 2,1 1,6 Medicinas 2,2 2,4 2,0 Transporte 0,1 4,8 0,2 Comunicaciones -1,0 -5,0 -1,6 Ocio y cultura 2,1 1,2 0,0 Enseñanza 3,5 4,6 4,5 Hoteles, cafés y restaurantes 4,0 5,2 4,1 Otros 4,3 3,4 3,3 Todos sabemos que la revalorización de las pensiones se hace teniendo en cuenta el "Indice General". Pues bien, atendiéndonos a ello observamos que la pérdida de poder adquisitivo acumulado en estos últimos años en el grupo de alimentación es del 4'2 % y ya en el de vivienda para el año 2003/04 del 0'5%. Si como hemos dicho anteriormente, a medida que avanzamos en edad hacemos más selectivo el consumo de artículos sanos y variados nos encontramos que el aumento en los precios de algunos artículos de mayor consumo es muy superior al incremento anual de la pensión. Por todo ello creemos que los artículos que se debían incluir en la cesta de la compra del jubilado debería estar formada por grupos de artículos distintos a la del resto de personas jovenes. Su estructura de gasto es por lo tanto distinta del resto. La educación, transporte, sanidad, etc. Serán distintos, Un IPC calculado para este colectivo, reflejaría con mayor exactitud la variación de su poder adquisitivo. Por otra parte, estamos inmersos en una sociedad globalizada. Formamos parte de la UE y las discriminaciones económicas deben de desaparecer. No solamente existen diferencias en cuanto al volumen de ingreso de las pensiones en algunos estados miembros (que veremos más adelante), si no que vamos a comprobar como los españoles perdemos poder adquisitivo con respecto a los colectivos europeos. Para ello vamos a basarnos en los Índices Armonizados de Precios al Consumo (IPCH) que son utilizados en las evaluaciones de la convergencia de inflación. Los IPCH son calculados en base a una metodología obligatoria para todos los Estados miembros. Si observamos el siguiente cuadro: Evolución en % (Nbre-03 - Nbre-04) del índice global Bélgica 2.3 Rep.Checa 2.6 Dinamarca 1.0 Alemania 2.0 Grecia 3.2 España 3.5 Francia 2.2(p) Irlanda 2.8 Italia 2.0 Suecia 1.1 Reino Unido 1.5 Noruega 1.4 (p): provisional comprobaremos que la mayor subida de precios corresponde a España entre aquellos países más representativos de la UE. Poca diferencia existe si observamos la evolución de los precios en el grupo de Alimentación, con independencia de lo visto anteriormente con el consumo de determinados alimentos que hace el colectivo de mayores. Evolución en % (Nbre-03 - Nbre-04) del Grupo ALIMENTACION Bélgica 1.0 Rep.Checa 0.9 Dinamarca -1.8 Alemania -1.3 Grecia 0.5 España 3.2 Francia -0.6(p) Irlanda -0.3 Italia -0.3 Suecia -0.9 Reino Unido -0.5 Noruega 1.1 (p): provisional Por ello, se observa que la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que percibe el jubilado español se va agravando con el diferencial de inflación . Si seguimos realizando comparaciones de las pensiones que perciben los jubilados españoles con respecto a nuestros vecinos europeos, sacamos conclusiones esclarecedoras. España, se encuentra en octavo lugar entre los países europeos por importe de las pensiones. Suelen ser en términos absolutos unos 200 Euros menos que la media europea, aunque estas cifras pueden no reflejar la realidad debido a la diversidad de situaciones necesarias para acceder a las mismas. País P. Media (€/mes) P. Mínima (€/mes) P. Máxima (€/mes) Luxemburgo 1592 1023 4735 Noruega 1053 870 2040 Austria 954 604 2220 Holanda 900 No hay No hay Bélgica 878 716 1296 Alemania 793 No hay No hay Francia 700-800 514 1135 España 615 385 1827 Irlanda 590 - - Reino Unido 588 108 428-840 Dinamarca 539 727 1020 Finlandia 493 - No hay Grecia 474 201-357 2058 Italia No consta 403 No hay Portugal No consta 170 1199 El sistema de pensiones europeo, está basado en tres pilares fundamentales: público, privado y ocupacional. El sistema publico va en relación con la contribución del trabajador durante su etapa laboral y están creadas para proporcionar en la vejez una renta mínima. Las complementarias, se añaden al sistema público para así mantener el nivel de renta. Las ocupacionales, son las aportadas por la empresa. Se ha venido divulgando últimamente que el sistema público español es de los más generosos, Si fuera así ¿ que necesidad habría de complementarlos con fondos privados como se nos está incitando diariamente? Lo que verdaderamente nos marca el nivel de la pensión es la TASA DE SUSTITUCIÓN. O lo que es lo mismo, qué porcentaje representa la pensión sobre el último salario real. Esta Tasa de sustitución en España la OCDE la sitúa alrededor del 65%.También es cierto que son pocos los países que con 35 años de cotización concedan el 100% del salario promedio de los 15 últimos años. Pero ello no hace que se considere un sistema generoso. Hay otros factores que deben de tenerse en cuenta que hacen que se reduzca la Tasa de Sustitución de la pensión con respecto al salario real: -como son los topes máximos de cotización (citados anteriormente) -Los niveles bajos de las pensiones mínimas (especialmente las no contributivas) -La alta penalización en la jubilación anticipada -La fiscalidad de las pensiones Siguiendo en las comparaciones, también cabría preguntarse: ¿como siendo España un país con un PIB por habitante equivalente al 84% de la media europea, su gasto social sea solamente del 60% del gasto medio europeo.? ¿qué nivel tenemos en cuanto a servicios sociales? ¿son accesibles los precios que se pagan en el mercado a la mayoría de pensiones? Si de verdad las pensiones españolas fueran tan generosas, el gasto que se debe soportar sería desorbitado. Gasto público en pensiones Año 2000 Países % del PIB Italia 14,7 Austria 14,0 Francia 13,2 Países Bajos 13,0 Alemania 13,0 Grecia 12,5 UE 12,5 Suecia 11,9 Reino Unido 11,9 Bélgica 11,1 Portugal 11,1 Finlandia 10,6 Dinamarca 10,5 Luxemburgo 10,0 España 10,0 Irlanda 3,6 No ocurre así, España está a la cola de los países europeos en gasto con respecto al PIB. Tampoco se puede ufanar en cuanto al gasto en pensiones y servicios sociales por habitante mayor de 65 años ya que se encuentra en el 60% de la media comunitaria. Con todo lo anterior la imagen de generosidad de las pensiones españolas ya no es tan optimista. Es mucho lo que queda por recorrer para situarnos en lo que nos correspondería por nuestro nivel de PIB. CONCLUSIONES PROVISIONALES 1.- Afirmar con rotundidad que las Pensiones en España vienen perdiendo anualmente poder adquisitivo, al aplicar el índice general del IPC, en su revalorización, que no corresponde con el coste de la cesta de lo que consumen los pensionistas. 2.- Derogar la norma que establece el tope máximo de pensiones del año 1983 y sucesivos, en razón a la coyuntura del deficit de la Seguridad Social, puesto que se considera discriminatorio, que se abono a los pensionistas una pensión inferior a la que le corresponde de conformidad con la cotización realizada. 3.- Elevar a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo estas conclusiones, para que estudien, en años sucesivos la aplicación de un índice especial del IPC a las Pensiones, que mantengan su poder adquisitivo. Valencia a 31 de enero de 2005.- El Ponente Francisco Ivars Company

 

VII CONGRESO DE ORGANIZACIONES DE MAYORES MESA REDONDA sobre Discriminación económica Reivindicaciones PONENCIA B).- LA FISCALIDAD DE LAS PENSIONES Ponente: Rafael Gassó Iborra Coordinador Mesa Redonda: Francisco de las Marinas Alférez ANTECEDENTES En el V Congreso Nacional de OO. de Mayores, Valencia 26/27-11-01, entre las conclusiones de la 8.ª Ponencia sobre "Pensiones y Jubilaciones" figura, entre otras, la Modificación de la Ley del IRPF, en el sentido de que se declare la exención de las pensiones, o alternativamente, la progresiva elevación del mínimo exento del IRPF y la reducción de las tarifas del mismo, impuestas para los niveles de renta inmediatamente superiores. Desde entonces y de forma ininterrumpida, la Prensa ha venido recogiendo estas aspiraciones, puestas de manifiesto tanto por personas, como entidades asociativas, todas relacionadas con el mundo del pensionista. También estas aspiraciones han sido analizadas y expuestas en público, bien en congresos o asambleas de personas mayores, e incluso en ponencias organizadas por diferentes colectivos interesados en la cuestión. En este sentido, se puede aludir a las "Segundas Jornadas sobre Iniciativas para Mayores", que tuvieron lugar en Valencia, los días 26 y 27-02-01, promovidas por la Federación de Asociaciones de Mayores de la Comunidad Valenciana -FOMCOVA-, en el que se debatió la ponencia denominada "La Fiscalidad de las Pensiones", con el objetivo de encontrar fórmulas que permitieran aliviar la presión fiscal que incide sobre estas prestaciones, y cuyo tratamiento tributario se incluye en el Impuesto sobre la Renta, como Rendimiento de Trabajo Personal. El Ponente D. Juan Carlos Carceller, Inspector de Hacienda, comenzaba su ponencia por analizar las "tres categorías de sistemas de pensiones de jubilación", existentes en la C.E., a saber: 1.º nivel: Regímenes estatutarios u obligatorios, en general de participación obligatoria para todos los trabajadores, con financiación mediante sistemas de reparto, cuyas prestaciones están garantizadas por el Estado y cuya gestión corresponde a un organismo público. 2.º nivel: Planes constituidos por un empresario o mediante acuerdo del mismo con los trabajadores, que cotizan a un organismo de pensiones cotizaciones que se invierten y cuyos activos en el tiempo se destinan al pago de prestaciones de jubilación. y 3.º nivel: Se refiere a los planes de pensiones individualmente acordados por un individuo con entidades aseguradoras o financieras. CONSIDERACIONES La tendencia demográfica de los países de la CE, en que el número de mayores aumenta constantemente en la sociedad, hace peligrar la viabilidad de los sistemas estatutarios obligatorios, por lo que las Instituciones comunitarias y nacionales intentan fomentar los sistemas correspon-dientes a los niveles 2.º y 3.º Conociendo que en España se aplica el 1.º de los niveles o sistemas, entremos en el estudio de la tributación de las pensiones de jubilación. El primer nivel está constituido por el Sistema de la Seguridad Social y Clases Pasivas y por las Mutualidades de Funcionarios, que se financian por cotizaciones obligatorias de los empleados y patronos, cotizaciones que no tributan por ser deducibles en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades, respectivamente. Las prestaciones percibidas por el beneficiario están, en cambio, sujetas al IRPF y se integran en la base imponible como Rendimientos del Trabajo Personal, que engloban toda prestación o utilidad que se deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de relación laboral o estatutaria y no tenga la consideración de rendimiento de actividad económica. Para valorar la tributación de las pensiones de jubilación, podríamos compararla con el trato que reciben otras fuentes de renta, de lo que se deduce evidentemente que aquellas sufren una mayor carga fiscal, por ejemplo: - Con los rendimientos del capital inmobiliario y de actividades económicas. -Con los rendimientos del capital mobiliario, porque gozan de reducción del 30% cuando su periodo de generación es superior a dos años. -Y con las ganancias del capital, porque tributan al tipo mínimo de la tarifa. ¿Por qué esta diferencia de trato? ¿Por qué ese beneficio de menor carga fiscal?. Indudablemente porque estos rendimientos son más difíciles de controlar que los del trabajo y los derivados del percibo de una pensión. Naturalmente que esta situación ha venido sufriendo numerosas críticas, lo que ha dado lugar que, en el tiempo, se haya incorporado al IRPF, por el concepto de rendimiento de trabajo personal ciertas reducciones o exenciones que afectan y benefician a los rendimientos del trabajo y a los contribuyentes de más de 65 años: - A. Así, los rendimientos del trabajo disfrutan de la misma reducción que las rentas del capital el 30 %, cuando su periodo de generación es superior a dos años, lo que es poco frecuente. - B. También existe una reducción general del rendimiento neto del trabajo (definida en el art.º 18 de la Ley del IRPF), que oscila entre 3.500 € anuales, para rentas iguales o inferiores a 8.200 €; 3.500 €, menos el resultado de multiplicar por 0,229 la diferencia entre el rendimiento real del trabajo y 8.200 € anuales; y 2.400 € anuales, para rendimientos netos del trabajo superiores a 6.500 € (R.D.L. 3/2004, de 5 de marzo), aplicable en la liquidación de 2003. - C. y por último, en concepto de mínimo personal para contribuyentes con edad superior a los 65 años, a deducir 800 € (también R.D.L. 3/2004). Como curiosidad, la Comunidad Autónoma de Islas Baleares, otorga una deducción de la cuota, por importe de 36 € (Declaración de 2002), siempre que la base imponible sea igual o inferior a 9.000 €, o a 12.000 €, si la declaración es conjunta del matrimonio. Esta es la situación actual, para que el contribuyente jubilado considere sus expectativas. El colectivo de pensionistas, dentro del cauce de la vigente legislación -Ley.General Tributaria n.º 52/2003, de 17-12, Ley 2/2004, de 28-12 y Normas Tributarias de los Presupuestos Generales del Estado, artículos 57 a 67, aprobadas por R.D.L. 3/2004, de 5-03, podría reivindicar un incremento de las reducciones y de los mínimos que actualmente están en vigor, sobre la base de aplicar las siguientes medidas: A.- Un aumento de la reducción general aplicable a las pensiones en general, dentro del concepto del rendimiento del trabajo. B.- Un aumento en el mínimo personal de la reducción para mayores de 65 años. C.- Demanda a su Comunidad Autónoma de una bonificación en cuota por razón de pensionista o por mayor de 65 años. Pero, en el tiempo, desde el V Congreso de Mayores celebrado en Valencia el 2001, la opinión pública ha venido estableciendo otros planteamientos más o menos discutibles, en mejora de la situación fiscal del pensionista, como: a) Considerar que las prestaciones por jubilación, como Rendimientos del Trabajo Personal, y por tanto, sujetas al IRPF, eran una ficción o imposición legal, que atenta contra el principio de igualdad ante la Ley, y, por ello, debían plantearse otras opciones, como que tributen como rentas del capital, equiparables a las rentas vitalicias, o de forma independiente como un impuesto específico. b) La otra opción debatida, sobre tributación independiente sujeta a un impuesto específico, resulta más compleja y exige analizar el carácter de las cotizaciones a la Seguridad Social que, dada su obligatoriedad, se considera ingreso de derecho público, pero no de naturaleza tributaria, ya que un impuesto, por definición, se destina a atender necesidades generales, mientas que las cotizaciones a la Seguridad Social se destinan a financiar las prestaciones sociales, y éstas no se disfrutan por todos por igual, sino por quienes cotizaron, y en función de su nivel de cotización. c) Más acorde parece la equiparación de las pensiones de jubilación con la propiedad de la vivienda (también amparada en la Constitución, artículos 41, 47 ). A la adquisición de la vivienda habitual se le viene aplicando una reducción en la cuota del 15 % de la cuantía anual invertida, con un límite máximo de 9.015 €. A cambio, durante el periodo de disfrute de la vivienda, aunque hasta hace pocos años se computaba este disfrute como ingreso adicional, y por tanto computable, en función de su valor catastral, hoy ya no es así; por lo que a las prestaciones de la jubilación, para equipararse al tratamiento fiscal de la vivienda, debería concedérsele una bonificación similar a la de la vivienda, con el límite de un determinado nivel de prestaciones. Por el momento y para la presente Declaración de Renta 2004 la Ley 2/2004 de 28-12 en sus artículos 57 a 67 modifica las bases liquidables del IRPF, para incrementarlas en el 2 % de la inflación prevista por el Gobierno con lo que poco o nada va a variar la situación del pensionista. Con lo que habremos de concluir que la clase sigue siendo la más perjudicada en las obligaciones del IRPF., como viene siendo habitual desde hace muchos años, colores políticos aparte. Pongamos ahora de manifiesto la diferencia abismal entre lo que un contribuyente cobraba en su vida activa y lo que a la postre, va a percibir en su jubilación. En efecto: a) Un trabajador por cuenta ajena, de las clases medias, podía haber estado percibiendo en su vida activa un aceptable sueldo, generalmente en consonancia con su especialidad y plena dedicación, del que sólo se ha tenido en cuenta una parte a la hora de sus cotizaciones a la Seguridad Social y las de su empresario, con lo que su jubilación puede tener para aquél efectos devastadores. b) Un funcionario de nivel alto, alcanzado mediante la posesión de un título universitario y las necesarias especialidades o experiencias para el desempeño de una función específica, con las consiguientes responsabilidades, puede ver reducidos sus ingresos, antes componentes salariales por diversos conceptos, a menos de la mitad, incluso menos, por la existencia de un tope máximo introducido no hace muchos años. OTRAS CARACTERISTICAS DE LA COTIZACIÓN DE LAS CLASES MEDIAS A Las tablas de cotización al IRPF del 2002, se han visto reducidas en el porcentaje anterior, del 18 % a cargo de los contribuyentes menos favorecidos, a un 15 %. De otro lado las rentas superiores antes al 48 % se han visto reducidas a un 45 %, que ya no se incrementa más, cualquiera que sean las cantidades que sean percibidas por una persona. En ambos casos se han reducido en 3 punto porcentuales. El Presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, ha señalado, con este motivo, que las rentas medias han sido las menos favorecidas. Y en efecto, entre 9.996 a 14.076 € anuales de ingresos, se tributa hoy por el 2 %; entre 14.076 y 23.316 €, nada menos que un 37 %; y de 26.316 a 45.900 € el 45 %, porcentaje máximo que ya no sube sean las cuales fueren las rentas superiores. ¿Por qué?. B Otro discriminación tiene lugar entre los obligados a pagar por el percibo de una pensión, de la que son protagonistas, con notable desproporción con los titulares de empresa, muchas veces camuflada con esa finalidad, o de grandes capitales invertidos. El panorama es desolador y exigiría la adopción de iniciativas de denuncia y actuaciones civiles. Es la diferencia entre las "Ingenierías Fiscales", no combatidos y los "Controlados". C El ridículo incremento del 3,40 % de nuestras pensiones a comienzos del 2005, no se corresponde con la realidad, puesto que a dicho porcentaje se llega después de tener en cuenta un lote de cosas que nada tiene que ver con nuestra realidad y necesidad: como precios del mercado, alquileres, ropa, atenciones médicas, etc. que han pegado una gran subida y en silencio, por el mero hecho del establecimiento de la moneda europea el Euro. Y ésto lo sabe y lo denuncia cualquier ama de casa. D Incorrecto tratamiento fiscal de las pensiones. El vigente Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5/03, por el que se aprueba el nuevo texto refundido de la Ley, en su artículo 6, señala como "hecho imponible" la "obtención de rentas por el contribuyente, como los rendimientos del trabajo, y los del capital, actividades económicas, etc."; señalándose en el artículo 16.2, que "en todo caso, tendrá la consideración de rendimientos del trabajo: a) - Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidentes, enfermedad, viudedad, orfandad y similares". Éste encuadramiento legal (pensión=rendimiento del trabajo), supone una vulneración de los principios de igualdad y progresividad proclamados respecto al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con la capacidad económica de los ciudadanos. (Artículo 31, CE). E Falta de rigor jurídico: a) Las pensiones de la S. S. no tienen la consideración de Renta, en sentido estricto, puesto que no nacen de un negocio jurídico sinalagmático, ya que falta la contraprestación que las generen, como sucede con las rentas profesionales. b) No existe sinalagma en el binomio cotización-pensión, ya que la moderna doctrina del Tribunal Constitucional (S. S. 103/93, de 22-11; 134/187, de 21-07; 97/90, de 2-05, etc.), superando la concepción "ius privatista" y contractualista (cotización-prima de seguro y/o salario diferido), afirma que la cotización que financia el régimen de la S. S.,es una prestación de derecho público impuesta por Ley a favor de un ente público, y para un interés público. Es decir, tiene carácter tributario. c) No parece en congruencia con esto último, que la pensión, que se financia con un tributo, deba a su vez, estar sujeta a tributación como si fuera una renta del propio tributo. Ello se evidencia con una "contradictio in terminis" de difícil justificación jurídica, y además atentatoria a la esencia misma del hecho imponible contemplado en el artículo 6 del Proyecto de Ley. d) Aún admitiendo, a efectos puramente dialécticos, que las pensiones de la S. S., sean rentas en sentido estricto, es inadmisible, que puedan considerarse, a cualquier efecto, rentas del trabajo por la evidente circunstancia de que no hay relación jurídica laboral de -quien la paga no es empresario o empleador, quien la percibe no es trabajador, y falta el objeto de la relación que es el trabajo-. Precisamente, el cese en el trabajo es el principal determinante del nacimiento de la pensión. e) El tratamiento fiscal igualitario de las pensiones, en relación con los rendimientos del trabajo, propiamente dichos -sueldos, jornales, etc.-, no puede ser más atentatorio al principio de igualdad ante la Ley que recoge el artículo 14 de la Constitución, que según reitera jurisprudencia constitucional, se produce por discriminación, tanto al desigualar lo que es igual como igualando lo que es desigual. Y es claro, que la pensión, tanto por su naturaleza jurídica ya vista, como por las circunstancias que la rodean, es esencialmente distinta y desigual a los rendimientos del trabajo propiamente dichos. f) No nos parecen desacertadas las exenciones del artículo 7 del Proyecto de Ley y nada que objetar contra el mismo, aunque sirve para indicar el carácter convencional de la voluntad del Gobierno. Por último, el Profesor de Hacienda Pública Luis Lagares, sostiene que "el concepto de renta que se sujeta al gravamen en el IRPF es el que refleja la capacidad de pago" del sujeto pasivo del Impuesto, añadiendo que la capacidad de pago "significa solamente la posesión de recursos que pueden entregarse al Estado". CONCLUSIONES PROVISIONALES 1.- Que procede la exclusión de tributación o declaración de exención del IRPF, de las Pensiones, al comprobar que las rentas de los pensionistas, no tienen capacidad de pago para entregarlo al Estado, pues la diferencia entre su cuantía y los gastos de subsistencia de la unidad familiar cada día resulta más negativa 2.- O alternativamente, que las pensiones de la S. S. y Haberes Pasivos no deben de estar sujetas a la Ley del IRPF, sino que su fiscalidad, entendemos debiera tener un tratamiento singular o específico. Valencia a 31 de enero de 2005.- El Ponente Rafael Gassó Iborra

VII CONGRESO DE ORGANIZACIONES DE MAYORES MESA REDONDA sobre Discriminación económica Reivindicaciones PONENCIA C) EL COPAGO EN SANIDAD Ponente: José Gil Pérez Coordinador Mesa Redonda: Francisco de las Marinas Alférez ANTECEDENTES La Ley General de Sanidad deja claro que nuestro Sistema Sanitario es universal y gratuito para todos los ciudadanos españoles pero es evidente, y a nadie escapa, que tiene un coste muy elevado que hay que financiar entre todos. Las nuevas tecnologías y los nuevos avances en los medicamentos hacen que todos los años el gasto sanitario se incremente de tal manera que obliga a buscar nuevas fuentes de financiación para paliar el déficit que se produce y así evitar el que pueda entrar en quiebra, y es el propio Secretario de Estado de Hacienda Miguel Ángel Fernández el que afirma que el modelo actual de financiación de la sanidad ya ha llevado al déficit a 17 autonomías. Muchos ríos de tinta se han derramado escribiendo sobre la financiación del sistema sanitario español. El primer aldabonazo lo dio el Ministro de Sanidad Julián García Vargas, cuando a finales de 1989, puso en marcha ,personalmente, la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud; se redactó el temario, se propuso la composición de la misma al Consejo Interterritorial y se nombró al valenciano Fernando Abril Martorell, antiguo vicepresidente de uno de los gobiernos de España, para que estuviera al frente de la misma, naciendo así lo que se llamó la "Comisión Abril" que funcionó y trabajó durante 1990 y 91. El Presidente de la Comisión Abril habló por primera vez de establecer un ticket moderador, este fue el eufemismo que se empleó, para disminuir la sobre prescripción y reducir el exagerado consumo de medicamentos y decía "la Comisión sólo ve posible recomendar la participación en el coste, con excepciones por razón de equidad y con una compensación en la cuantía de las pensiones u otras medidas fiscales". Y además añadía "en el caso de pensionistas institucionales sería requisito indispensable incrementar la pensión en análoga cuantía de forma simultánea" y comentaba que con esta medida se eliminaría el fraude y el ciudadano tendría una concienciación de coste. Terminaba explicando que esta medida no era para recaudar fondos sino para reducir el gasto sanitario. CONSIDERACIONES Hoy se establece como prioridad dentro del Sistema Sanitario español el generar nuevas fuentes de financiación, nuevos recursos y se habla de hacer una revisión de la participación del Estado en esa financiación a lo que el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos se opone diciendo que "poco se puede hacer para mejorar la financiación de las regiones trasvasando recursos del Estado" , y afirma que ,en lugar de eso, a las Comunidades Autónomas "hay que darles más autonomías en la gestión del gasto y también dotarlas de una mayor autonomía en los ingresos" ,introduciendo el polémico copago que se define como la participación económica de los usuarios de la sanidad en parte de los costes de los servicios sanitarios con el fin de regular la demanda sanitaria y lograr un uso más racional de los mismos y de los medicamentos , es decir, que el ciudadano contribuya cotizando de su bolsillo una cantidad que ayude en esa financiación y que pague el que más consume y como las personas mayores ocupan el 40 % de las camas hospitalarias y acaparan el 35 - 40 % de todos los medicamentos ,es decir, son los grandes consumidores que sean estos los que ayuden a paliar el gasto sanitario. Hay que aclarar estos dos hechos que son objetivos. El primero es que solo el 20 % de las personas mayores tienen mala o muy mala salud, según afirman ellos, y el 80 % restante disfrutan de buena salud y ese grupo del 20% configuran el colectivo de ancianos frágiles o vulnerables y son los que necesitan mayores servicios sanitarios y consumen más medicamentos. Sin embargo ya hay estudios, como por ejemplo el de Manton que confirman que el envejecimiento de las personas se está produciendo en mejores condiciones de salud, por lo que el impacto económico negativo del envejecimiento podrían ser compensados con estas mejoras en la salud de los mayores. El segundo hecho objetivo es el que obtenemos al comparar nuestro gasto sanitario y nuestro gasto farmacéutico en relación con la U. E. en el que se observa que el gasto sanitario es bajo en comparación con el de otros países europeos siendo nuestro nivel de cobertura similar al de ellos o más alto y que la prestación farmacéutica no representa más del 25% del gasto sanitario. El copago se ha relacionado, desde siempre, con el gasto farmacéutico y éste con las personas mayores, sobre todo con los pensionistas, diciendo que son los causantes del 75 % del gasto farmacéutico pero hay que tener en cuenta que no solo no pagan ellos los medicamentos sino que hay, también, otros grupos que no lo hacen como los que padecen el SIDA o los que sufren enfermedades crónicas que, sino son pensionistas, solo pagan el 10% de los medicamentos que toman. El copago solo tiene estas dos finalidades o busca disminuir el consumo de los recursos sanitarios y por tanto reducir el gasto, o busca recaudar fondos contribuyendo como un impuesto más a la financiación del sistema sanitario. En el primer caso su finalidad es la de ser un ticket moderador que actuaría como un freno para el acceso de los ciudadanos a los recursos sanitarios y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) afirma que " El copago es una medida que puede generar inequidad, falta de solidaridad y un riesgo para la salud de la población". Es evidente que el principio de equidad quedaría roto, porque se reduciría el gasto, pero se reduciría más en los más pobres y en los que padecen enfermedades crónicas que no acudirían a la consulta por su coste lo que determinaría que esta se agravase. Pero el efecto devastador se produciría en los pensionistas españoles, que tienen una pensión media de 576,24€ al mes, y no digamos los que reciben pensiones no contributivas de 269 € al mes y no pueden llegar a fin de mes, lo que generaría la aparición de enfermedades que podrían haberse evitado y la paradoja es, que al agravarse la enfermedad provocaría un coste mayor al acudir a la consulta tarde y mal. En el segundo caso si la finalidad del copago es recaudatorio, como un impuesto más, caemos en el absurdo de que pagaría más este impuesto, otra vez los más necesitados, los más pobres que son los que enferman más, y los ricos, por su buena salud, se librarían, con esta modalidad de contribuir a la financiación del sistema sanitario. Pero hay más, si como dice el Secretario de Hacienda se va a dar libertad a las autonomías a que decidan si imponen el copago o no, nos encontraremos con la terrible situación de que unas lo impondrán y otras no, e incluso las cantidades a satisfacer podían ser distintas según decidiera el gobierno autonómico y según estuviera en período electoral o no. Es evidente que nuestro sistema sanitario necesita mayores ingresos y antes de establecer el copago, que es una medida impopular, altamente discriminatoria que rompe la equidad, hay que proponer nuevas fuentes de generación de recursos como: .- Mejorar la gestión estableciendo criterios de eficacia y eficiencia eliminando todo aquello que no los cumpla. .- Vía impuestos generales, es decir, los directos que es la forma más equitativa de financiar el sistema ya que así contribuiría más el que más tiene y no hacerlo a través de los impuestos indirectos ya que pagaría igual el rico que el pobre. .- Aumentar los impuestos de aquellos productos, como el tabaco y el alcohol, que van contra la salud y son, por tanto, causantes de gasto sanitario. .- Reajustar los propios presupuestos públicos eliminando las partidas que generan déficit, gastos superfluos etc. Otros para solucionar el problema de la financiación proponen un pacto de Estado por la sanidad. El año pasado tuvo lugar en Madrid, convocado por la actual Ministra de Sanidad Elena Salgado, la primera reunión del Consejo Interterritorial que agrupa a los Consejeros autonómicos de sanidad y tras su celebración insistieron en la necesidad de articular durante esta legislatura un gran pacto de Estado por la sanidad como instrumento para frenar el gasto que garantice la sostenibilidad del sistema. Ese gran Pacto que ahora se solicita fue propuesto, con miras más amplias, el 10 de febrero de 1993 en el Club Siglo XXI por el Dr. D. José Fornes Ruiz por aquel entonces Presidente de la Organización Médica Colegial que dijo: " es necesario un gran debate social sobre nuestra sanidad; un gran debate que permita llegar a un efectivo Pacto Social Sanitario. Ese consenso deber ser alcanzado, a nuestro juicio, en todos los ámbitos de la sociedad: el de los usuarios, el de las organizaciones políticas, sociales y sindicales representativas, en el profesional y en el institucional. Y terminaba con estas palabras: " si fuéramos colectivamente capaces de unir nuestros esfuerzos y criterios; si consiguiéramos sumar todas las propuestas e ideas que existen, deslavazadas, en el cuerpo social; si se pensara en la sanidad con criterios de eficacia, con renuncia sincera al clientelismo, apartándola del debate clasista y del falso debate ideológico, yo creo que podríamos alimentar toda esperanza para ese gran Pacto Social Sanitario, que será el punto de encuentro de la esperada y definitiva reforma útil." Y lo que no debería hacerse nunca es introducir el copago sin establecer algunas contrapartidas económicas expuestas por D. Fernando Abril Martorell en su Informe, como la revisión al alza de las pensiones mínimas y el descenso del IRPF para los pensionistas, y mucho menos el establecer el copago para los pensionistas con pensiones máximas sin quitar antes el Tope que las grava. El tope de pensiones supone el mayor agravio comparativo que existe en este país, ya que se estableció de forma coyuntural cuando la Seguridad Social estaba en quiebra, cosa que no existe ahora, y que se mantiene por el concepto de solidaridad resultando que estos pensionistas que soportan ese tope son los únicos solidarios con el resto de los ciudadanos españoles. CONCLUSIONES PROVISIONALES. 1ª.- Es conveniente realizar una Campaña del Uso Racional del Medicamento explicando con claridad a los Mayores las reacciones adversas que se producen por el uso indiscriminado de ellos. 2ª.- No oponemos rotundamente al copago porque solo frenaría el utilizar los servicios sanitarios y el uso de los medicamentos a los más necesitados. 3ª.- El copago nunca debe ser un gravamen para las pensiones altas, porque ellos cotizaron al máximo, tienen un Tope en sus justos derechos y no se le revalorizan las pensiones adecuadamente. Valencia a 31 de enero de 2005.- El Ponente José Gil Pérez